DIRECTOR: OSCAR RAMIREZ   PERU,

25 DE SETIEMBRE DE 2017

  AÑO 21 Nº 46791 PRECIO S/ 1.00

Noticias del Día

*FISCALÍA INVESTIGA A ALAN GARCÍA Y A SUS TESTAFERROS POR DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS Y POR ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN SUS DOS GOBIERNOS
ALAN GARCÍA AL BANQUILLO
*HASTA LA FECHA, JEFE DEL APRA NOSTRA SE HA LIBRADO DE LA CÁRCEL HACIENDO ABUSO DE LOS AMPAROS Y POR LA IMPUNIDAD QUE LE DA LA RED DE JUECES Y FISCALES APRISTAS
*ALAN NUNCA TRABAJÓ, SIMULÓ SER CONFERENCISTA Y RECIBIÓ DINERO DE ODEBRECHT Y DE OTRAS EMPRESAS CORRUPTAS

 
 
 


Por fin le llegó la hora a Alan García. La fiscalía ahora lo investiga junto a sus testaferros por el delito de lavado de activos y por enriquecimiento ilícito en sus dos gobiernos, ya que, hasta la fecha, el ex mandatario aprista se ha librado de la cárcel haciendo abuso de los recursos de amparo y por la impunidad que recibe de la red gigantesca de jueces y fiscales apristas en el país, la misma que le ha permitido vivir sin trabajar, simulando ser un conferencista, y pasar por alto su relación corrupta con Odebrecht y otras empresas dedicadas a los millonarios sobornos.
De esta forma García sigue bajo la lupa del Ministerio Público y se ha revelado que el exmandatario es investigado desde hace dos meses por los mencionados delitos y que en las pesquisas también se ha incluido a otros 30 de sus colaboradores, además de parientes y empresas. Entre ellos están la ex primera dama Pilar Nores, los exministros Luis Nava, Aurelio Pastor, Hernán Garrido Lecca y José Chang.
Con estas indagaciones, a cargo del fiscal titular José Antonio Castañeda Jara y del fiscal adjunto Miguel Óscar Toyohama, se busca confirmar o descartar el origen ilícito del patrimonio del líder aprista. Por ello, los magistrados analizan las cantidades depositadas y usadas en las cuentas de García a partir de la década de 1990 hasta la actualidad.
Algunos elementos incluidos en la pesquisa son propiedades compradas por García en sociedad con Pilar Nores y cuentas bancarias que ambos abrieron en el extranjero.
Castañeda y Toyohama analizan el origen del dinero con el que el expresidente y Nores adquirieron 21 inmuebles mientras estaban casados. Los magistrados también están detrás de las cuentas bancarias y otras propiedades que la pareja tendrían en Francia, España, Brasil, Estados Unidos, Suiza y Liechtenstein.
En cuanto al exministro de Justicia, Aurelio Pastor, también se indagan compras inmobiliarias, además del uso de $343 mil 292 de origen impreciso. Pedro Morales, ex jefe de la Oficina de Infraestructura durante el gobierno aprista, es otro investigado. Sobre el ya existe un reporte de operaciones bancarias sospechosas y la creación de una cuenta con la que llegó a disponer de S/. 6.6 millones.
El exmandatario había salido bien librado de investigaciones pasadas por enriquecimiento ilícito. Una de ellas duró seis meses y fue realizada en 2013 por el ahora ex fiscal José Antonio Peláez Bardales, quien tomó información del trabajo de la Megacomisión del Congreso. En ese momento, se concluyó que los S/. 6 millones 675 mil 190.24 que García tuvo a disposición entre julio de 2006 y diciembre de 2013 no eran parte de movidas ilegales.
De acuerdo con el análisis de Peláez S/. 3 millones 924 mil 455,56 correspondieron a ingresos por pensiones, derechos de autor, remuneraciones, ventas inmobiliarias, fondos mutuos, CTS, entre otros. Mientras tanto, S/ 4 millones 227 mil 677,81 fueron gastos con los que García cubrió necesidades básicas, además de viajes, inversiones, compras inmobiliarias y diversiones.
Los abogados de García y de los demás implicados ya han respondido ante la apertura de estas nuevas pesquisas y como era de esperarse presentaron un recurso para exigir el archivamiento, argumentando que el Tercer Juzgado Constitucional de la Corte de Lima invalidó el uso de datos alcanzados por la Megacomisión del Congreso.  Sin embargo, la Fiscalía ha rechazado este argumento.

ODEBRECHT
Como se sabe, hace unos días el diario El País reveló que Odebrecht pagó a través de la Banca Privada d’Andorra (BPA) al exvicepresidente de la firma estatal Petróleos del Perú, Miguel Atala Herrera. El exdirectivo habría acumulado 900.000 dólares en dicha cuenta. Atala Herrera fue el número 2 de la compañía pública entre 2008 y 2011, durante el segundo gobierno aprista. En ese entonces, Petroperú tuvo en su primer consejo directivo: como presidente a Alan García, como secretario a Luis Nava y como tesorero a Atala.
Petroperú habría firmado en 2011 un acuerdo con la filial de Odebrecht Braskem para estudiar la ejecución de una planta petroquímica de polietileno (de plástico) de 3.000 millones de dólares. Esta se realizó para abastecer a Perú, Chile, Ecuador y Colombia. La cercanía de este exfuncionario al círculo de Alan García data desde hace varios años atrás, cuando fueron socios en la ‘Asociación Democracia’ Social, creada en septiembre de 2003.
Él también fue asociado de Luis Nava en “El Instituto del Empleo”, fundado en abril de 2004.  Ahí, Atala figuró como presidente y Nava como secretario ejecutivo. Luego perteneció al primer directorio del diario “Del País”, junto a, entre otras personas, José Antonio Nava, hijo de Luis Nava, quien a su turno realizó varios negocios con Odebrecht.
Atala, a través de su empresa Intratex SAC., aportó en cuatro oportunidades a la campaña de Luis Nava al Parlamento Andino en 2011, por casi 100 mil soles. Antes, como representante de esa compañía, fue sentenciado en febrero de 2006 a dos años de prisión suspendida por el robo de electricidad a Edelnor. Por último, él apareció en varias conversaciones de Rómulo León con Alberto Químper, en el caso Petroaudios.

*********

*ANTE LA CIDH
HAY 48 CASOS DE TERRORISTAS CONTRA EL ESTADO PERUANO

Mientras los terroristas comienzan a salir de prisión después de cumplir sus condenas, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se van acumulando demandas contra el Estado Peruano. Según registros del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, hasta enero del presente año había 48 casos con demandas de más de 138 terroristas.
Muchas de las quejas de los terroristas fueron acumuladas, ya sea porque fueron presentadas en conjunto o porque tenían reclamos similares. Del total, 15 casos se encuentran en “etapa de fondo”; es decir, a la espera de una resolución final.
Los 33 restantes se quedaron en la fase de “admisibilidad” (cuando la petición se convierte en caso). En esta figuran las demandas más antiguas, hasta 1993, como las de Alfredo Crespo Bragayrac y Jorge Cartagena Vargas (falleció en el 2004).
Crespo, uno de los fundadores del Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), fue condenado a prisión efectiva en los años noventa por sus vínculos con Sendero Luminoso. Recién en el 2013 el Estado solicitó declarar inadmisible la petición. Así como el de Crespo, otros 32 casos de senderistas quedaron en la etapa de admisibilidad. Por ejemplo, Maritza Garrido Lecca, liberada este mes, también demandó al Estado en el 2015.
La etapa de fondo es aquella en la que la CIDH decide si hubo violaciones de los derechos humanos en cada caso. En esta fase, el Perú afronta unos 15 casos ante la CIDH. Casi todos han sido respondidos por el Estado en el 2013 pidiendo que se declaren infundados.
En esta lista de terroristas que lograron llevar sus demandas a una etapa avanzada, figura Jorge Olivares del Carpio, miembro del comité central de Sendero Luminoso. Después de su captura en el 2012, Florindo Flores Hala ‘Artemio’ confesó que había sostenido reuniones con Olivares y otros cabecillas senderistas en el Huallaga luego de la caída de Abimael Guzmán. Olivares cumplirá su condena de 35 años de cárcel en el 2030 y tiene una deuda por reparación civil solidaria de un millón de soles, de los cuales solo ha pagado S/180.
El ex presidente de la Sala Penal Antiterrorista Marcos Ibazeta explicó que en la mayoría de estos casos los terroristas alegan violación del debido proceso, ya sea por condenas en fueros militares y por jueces sin rostro, o supuestas irregularidades en sus detenciones. “Muchos lo que buscan es arresto domiciliario, pero aprovechan y, además de alegar daño moral, piden una indemnización. La CIDH realiza un análisis en abstracto sin importar si son terroristas. Esto puede ser interpretado como sesgo por la falta de análisis de contexto”, añadió.
La última demanda de terroristas que llegó a la CIDH fue a través de un organismo de fachada de Sendero, que reclama por la demolición del mausoleo de Comas. Esta incluye firmas de apoyo de las cabezas del Movadef, Alfredo Crespo y Manuel Fajardo. La petición fue presentada en mayo del presente año y en esta se califica de “preso político” a Abimael Guzmán.

MARTHA HUATAY
La senderista Martha Huatay saldría de prisión el próximo 16 de octubre después de haber purgado prisión por un cuarto de siglo debido a sus actividades terroristas. Huatay, nacida en Trujillo hace 74 años y abogada de profesión, fue integrante del buró político de Sendero Luminoso, “un grupo de alto nivel que coordinaba acciones ‘militares’ de Sendero”, describe el experto en temas de terrorismo Pedro Yaranga.
Pero la terrorista, conocida con los alias de ‘Rosa’ o ‘Mary’, tuvo también otros cargos en la estructura senderista: fue presidenta de la Asociación de Abogados Democráticos (AAC), cuya función era dar asesoría jurídica y asumir la defensa legal de senderistas; y jefa del infame grupo Socorro Popular (SOPO). En la cruenta historia del SOPO hay dos etapas muy marcadas: al inicio de sus actividades, fue un “organismo generado” (de fachada) que atendía a los terroristas heridos en enfrentamientos con la policía y conseguía fondos para Sendero Luminoso. La segunda –recuerda Yaranga– empieza entre mayo y junio de 1991, cuando se militarizó y enfocó sus funciones en planificar sabotajes y atentados terroristas. Asimismo, se encargaba de reclutar niños para las llamadas escuelas de ‘pioneritos’ de San Juan de Lurigancho y el Callao.
El informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliando (CVR) detalla: “El crecimiento de SOPO empieza a notarse desde 1985, año en el que obedeciendo una consigna de la dirección se militariza, creando sus propios destacamentos y milicias”.
Socorro Popular planificó en 1992 el atentado de Tarata, que dejó 25 muertos; el del Canal 2, con tres fallecidos y 25 heridos; entre otros.  Huatay fue capturada en Pueblo Libre el 17 de octubre de 1992, poco más de un mes después de la caída de Abimael Guzmán, junto a otros tres subversivos como parte del plan Fénix, cuyo objetivo era desactivar a la cúpula del SOPO. En la oficina de Huatay, ubicada en el Centro de Lima, la policía halló capuchas, trapos rojos y documentos de identidad falsos. También documentos con planes de actos terroristas, así como balances de atentados ya ejecutados.

 

ASOCIACIONES EMPRESAS COOPERATIVAS SOCIEDADES JUNTA DE ACCIONISTAS CONVOCATORIAS REMATES DISOLUCIONES PRESCRIPCIONES NOTARIALES
LA NACION ¡ PRIMEROS EN AVISOS JUDICIALES ! Telf. 4246941 / 4279258 / Av. Arequipa 327 - Santa Beatriz
EDICTOS AVISIOS JUDICIALES, COMERCIALES, REMATES, BALANCES, NOTIFICACIONES, LIQUIDACIONES, ASAMBLEAS
lanacion100@hotmail.com / lanacion10@hotmail.com / www.lanacionperu.com