DIRECTOR: OSCAR RAMIREZ   PERU,

17 DE AGOSTO DE 2017

  AÑO 21 Nº 46791 PRECIO S/ 1.00

Noticias del Día

*ODEBRECHT LE HABRÍA GANADO AL ESTADO PERUANO AL MENOS UNOS $254’656,753.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES DÓLARES AMERICANOS) EN 35 DE 42 ARBITRAJES LLEVADOS A CABO ENTRE EL 2003 AL 2016
ROBARON  254 MILLONES AL ESTADO CON ARBITRAJES FRAUDULENTOS
*PRESIDENTE PPK DICE SENTIR PENA POR ODEBRECHT PESE A SER UN GIGANTE DE LA CORRUPCIÓN INVOLUCRADO EN ROBO DE MILLONES AL PERÚ

 
 
 


A pesar de que el presidente pedro Pablo Kuczynski haya declarado sin tapujos que le da pena la multinacional brasileña Odebrecht, lo cierto es que la constructora brasileña Odebrecht se convirtió en la principal contratista del Estado peruano en más de 20 años y durante los gobiernos Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala a través de la adjudicación en condiciones controvertidas de 24 proyectos (15 obras y 9 concesiones) por más de 35 mil millones de soles (aproximadamente 10 mil millones de dólares).
La corrupción fue desbordante hasta el estallido del escándalo de Lava Jato en Brasil y las posteriores delaciones que dan cuenta de arreglos putrefactos en las obras contratadas con Odebrecht, incluyendo la carretera Interoceánica Norte y los tramos II y III de la Interoceánica Sur, que se encarecieron por una suma mayor a 4 mil 600 millones de soles (más de 1,370 millones de dólares) de sobrecostos sumados a lo contratado.
Por eso los fiscales y procuradores del caso siguen indagando la red de corrupción de Odebrecht montada para lograr, además, cobrar otros 254 millones 656 mil dólares, a través de fáciles victorias conseguidas en arbitrajes sobre presuntas diferencias con el Estado.
42 laudos arbitrales (26 más de los que figuran en el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado) que muestran la inmensa desproporción en los resultados arbitrales: Odebrecht ganó 35 de los 42 procesos y el Estado solamente siete. Lo que es peor: mientras Odebrecht ganó más de 250 millones de dólares, el Estado no recibió ni un centavo en sus siete resoluciones favorables. ¿Cómo y a través de quiénes ocurrió esa abrumadora desproporción en los resultados, con cientos de millones de dólares adicionales que fueron consistentemente pagados por el Estado; es decir, por todos nosotros?
Se conoce que más de la mitad de los 35 casos de arbitraje en los que el Estado fue derrotado se debió a deficiencias en las bases (contratos, modificaciones al contrato y expedientes técnicos) de los proyectos. Es decir, se trató de errores o ambigüedades que debieron haber sido identificados antes que el Estado firmara los contratos; y que, lo que es peor, se repitieron a lo largo de 11 años. No se trató, pues, de incompetencia sistemática de un Estado que no aprendió de errores previos a lo largo de los años. Nada que ver.
Del total de veces que el Estado perdió por deficiencias en las bases, el 85% de ocasiones, es decir, en 17 casos, fue la propia Odebrecht  la responsable de realizar el expediente técnico o el proyecto de ingeniería de detalle sobre los que posteriormente la misma Odebrecht demandó al Estado peruano y le ganó. Solo gracias a eso, la compañía recibió más de 114 millones de dólares.
Las carreteras interoceánicas estuvieron entre los proyectos más costosos realizados por la compañía en nuestro país. Durante el gobierno de Alejandro Toledo, en 2005, Odebrecht obtuvo la concesión, en consorcio, de los tramos II y III de IIRSA Sur y la concesión de IIRSA Norte. Estas tres obras tuvieron sobrecostos, en el orden mencionado, de 149%, 74% y 98%  con relación al monto contratado.
A la vez las tres acumularon la mayor cantidad de laudos de la empresa contra el Estado (30 de 42) en los que se perdió principalmente por deficiencias en las bases. Y fue Odebrecht –en los consorcios donde fue socia dominante– la que elaboró los expedientes técnicos o proyectos de ingeniería de detalle para las tres obras. Es decir: Odebrecht logró que el Estado firme y se responsabilice por un proyecto defectuoso hecho por la propia compañía y luego lo demandó para que le pague por esas fallas.

ROBO DE MILLONES
En el caso de IIRSA Sur tramo II, por ejemplo, el pago de la conservación de la vía no estaba prevista en el Proyecto Referencial ni en el expediente técnico que realizó el consorcio dominado por Odebrecht. Siendo obras indispensables, el laudo de arbitraje favoreció a la compañía con más de siete millones de dólares.
El segundo motivo en importancia por el que el Estado perdió arbitrajes fue por no responder dentro del plazo establecido o por no hacerlo del todo. ¿Es posible que el Estado pierda por no respetar los plazos fijados? No solo que pierda sino que pague. La demora del Estado le ha costado más de 27 millones de dólares.
Por ejemplo, en 2002 el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) contrató a Odebrecht para mejorar 42 kilómetros de la carretera entre el Puente Chino y Aguaytía en Ucayali por 31 millones 696 mil 420 dólares. En 2005 Odebrecht presentó observaciones contra la liquidación final aprobada por el MTC. Por ley el Estado tuvo 15 días para absolverlas, pero no lo hizo. Basándose en ello, el tribunal arbitral aprobó las observaciones de la compañía que le significaron más de 11 millones de dólares. La obra terminó con un sobrecosto de 41% respecto a lo contratado inicialmente.
De igual forma, en 2011 Odebrecht demandó al Estado para que le reconozca el dinero empleado por mantener sus equipos en el lugar de trabajo mientras esperaba la aprobación de su solicitud de reajuste de metrados, durante la construcción del tramo 2 de IIRSA Sur. El plazo para que la empresa reciba una respuesta era, según lo establecido en el contrato de Concesión, 10 días hábiles. Sin embargo, en los tres pedidos que realizó, el Estado se demoró 57, 54 y 28 días en enviar respuesta. Por esta demora, se le tuvo que pagar a la empresa más de 5 millones de dólares. Las investigaciones han identificado que las deficiencias en las bases de los proyectos y las respuestas fuera de plazo representan más del 70% de los motivos por los que el Estado perdió los arbitrajes.
Pero, ¿quiénes fueron  los árbitros encargados de dictaminar dichos laudos? En las 42 controversias participaron 47 árbitros. En la mayoría de los casos, los árbitros designados por el Estado votaron a favor de Odebrecht, mientras que casi siempre los árbitros designados por la compañía votaron a favor de la misma. El voto de los presidentes de los tribunales arbitrales también fue mayoritariamente a favor de la empresa: 34 veces a favor de Odebrecht y solo 8 a favor del Estado.
El árbitro designado más veces por Odebrecht es Horacio Cánepa, abogado que votó a favor de la compañía en 16 procesos arbitrales de los 19 en los que participó. Fue involucrado en el  fraude electoral en las elecciones de 1995 en Huánuco para favorecer las candidaturas de Alberto Fujimori, Víctor Joy Way Rojas y la suya. Fue exculpado en 1998 por la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, integrada por el montesinista Alejandro Rodríguez Medrano, condenado por corrupción de funcionarios y tráfico de influencias el 2003.
El Estado además de haber sido vencido con una gran diferencia de arbitrajes en contra en los 42 laudos disputados, pagó más por concepto de gastos arbitrales (honorarios de los árbitros y secretario, y costos administrativos) asumiendo el pago compartido en 35 ocasiones y 6 de manera individual.
Diversos árbitros consultados para esta investigación se negaron a declarar basados en el artículo 51 del Decreto Legislativo 1071, que les impone guardar silencio sobre cualquier proceso. Procesos casi secretos que, por la incapacidad o corrupción del Estado le dieron un escalón más de beneficio a la empresa brasileña protagonista del escándalo de corrupción más grande de los últimos años en la región.

ESTADO PERDEDOR
Cabe señalar que el 7 de enero de 2017, último día del Gobierno para hacer uso de sus facultades legislativas, se publicó el Decreto Legislativo 1341. Dicho decreto planteó modificaciones a la vigente Ley General de Contrataciones con el Estado. Concretamente, la ley precisa que “las diferencias entre las partes se resuelvan mediante arbitraje”. Sin embargo, no precisaba qué tipo. Con el DL del Gobierno, se precisa que este debía ser institucional. La medida busca eliminar la posibilidad de corrupción en esta instancia.
Además, señala que solo podía ser arbitraje ad hoc en casos específicos que serían detallados mediante reglamento. Sin embargo, el Congreso, como parte de su labor de revisión de las facultades, evaluó la medida y aprobó un nuevo proyecto para derogar la modificación del Ejecutivo. El director ejecutivo adjunto de Proética, Samuel Rotta, coincidió en que esta medida es perjudicial para el país. “Como Proética estamos en contra de este proyecto. Nos pareció muy saludable volver excepcional los arbitrajes ad hoc. En esa línea, tomar la decisión que tomó el Congreso es desatinada”, explicó.
La Contraloría General de la República desarrolló un informe en el cual se estudiaron diez años de procesos arbitrales (2003-2013). En dicho período, se llevaron a cabo 2,796 decisiones de arbitrajes. En el 70% de esos procesos, el Estado peruano perdió.
Se estima que Perú perdió S/. 1,228 millones por todos aquellos arbitrajes perdidos. Además, del total de arbitrajes en el período de análisis, el 64% fueron procesos bajo la modalidad ad hoc. De dichos procesos de arbitraje, el 54% se aplicó en casos de contratos para obras públicas; el 30% se aplicó en contratos por servicios y el 16% por compra de bienes. Es probable que haya más laudos arbitrales guarecidos en la reserva, impermeables a la ley de acceso a la información.

******

*EX CONTRALOR SEÑALA QUE CASOS EMBLEMÁTICOS FUERON DENUNCIADOS:
“LAVA JATO NO SE PASÓ POR DELANTE”

El ex contralor general de la República Fuad Khoury se presentó el miércoles ante la comisión del Congreso que investiga el Caso Lava Jato. Durante su exposición, afirmó que, en su gestión, los proyectos vinculados a empresas brasileñas fueron denunciados ante el Ministerio Público.
“Quiero rechazar los argumentos que dicen que Lava Jato se nos pasó por delante. Lava Jato no se nos pasó por delante, [...] todos los casos emblemáticos han sido denunciados por la vía penal, están en el Ministerio Público, la mayoría”, señaló Fuad Khoury.
El ex contralor sostuvo esto luego de referir que es el Ministerio Público quien investiga a los privados. “El sistema no funciona. La lucha contra la corrupción en el país ha fracasado”, cuestionó.
Según Khoury, lucha contra “la corrupción comienza con el Poder Ejecutivo y termina en el Poder Judicial”. La contraloría, detalló, “revisa lo que los gestores realizan y el Ministerio Público determina si los informes de la contraloría tienen el sustento debido”. “Si el gestor roba, la contraloría lo detecta, [...] pero si llega el Ministerio Público y tardan en un proceso entre siete años y medio y ocho años...”, criticó.
Por otro lado, Khoury también se pronunció sobre la falta de equipo técnico al interior de la contraloría y dijo que, al menos en su gestión entre 2009 y 2016, no eran suficientes para la cantidad de proyectos y funcionarios públicos que había que revisar.
Fuad Khoury agregó que se tiene que apoyar en la lucha contra la corrupción al actual contralor Nelson Shack, quien fue designado por el Congreso a fines de julio de este año, luego que fuera removido de cargo Edgar Alarcón. Finalmente, también se presentó ante la Comisión Lava Jato la ex gerente de operaciones y mantenimiento de la Línea 1 del Metro de Lima Svetlana Tarasova.

 

ASOCIACIONES EMPRESAS COOPERATIVAS SOCIEDADES JUNTA DE ACCIONISTAS CONVOCATORIAS REMATES DISOLUCIONES PRESCRIPCIONES NOTARIALES
LA NACION ¡ PRIMEROS EN AVISOS JUDICIALES ! Telf. 4246941 / 4279258 / Av. Arequipa 327 - Santa Beatriz
EDICTOS AVISIOS JUDICIALES, COMERCIALES, REMATES, BALANCES, NOTIFICACIONES, LIQUIDACIONES, ASAMBLEAS
lanacion100@hotmail.com / lanacion10@hotmail.com / www.lanacionperu.com